La gestión de permisos o también denominada coloquialmente como permisología,^[1]​ es el proceso que se debe llevar a cabo para el desarrollo o la obtención de los permisos o licencias necesarios para dar cumplimiento con una normativa o legislación en particular, principalmente centrado en la realización de los trámites requeridos para ejecutar una obra, un proyecto o cualquier actividad que se encuentre regulada.^[2]​

La gestión de permisos constituye una obligación fundamental para aquellos que deseen regularizar una actividad ante una entidad estatal. En el ámbito de la construcción, por ejemplo, es obligatorio cumplir con una serie de permisos y licencias antes de iniciar cualquier obra, los cuales varían en función de los requisitos específicos establecidos en la localidad correspondiente, con costos asociados a cada uno de ellos. Estos permisos pueden incluir, entre otros, la autorización general para la edificación, desglosándose en permisos adicionales según el tipo de construcción, tales como el permiso para trabajos en altura, manejo de sustancias peligrosas, operación de maquinaria especializada, realización de un estudio de impacto ambiental y permisos sanitarios, entre otros. Adicionalmente, el Banco Mundial ha publicado estadísticas que analizan la gestión de los permisos de construcción a nivel regional y en cada país del mundo.^[3]​

Para economistas liberales, la creación de muchos permisos, en particular cuando se tratan de permisos que debe pedir el sector privado, se encuentra asociado a la burocracia en un sentido negativo, entorpeciendo y retrasando proyectos de inversión, por lo que afectaría al crecimiento económico de un lugar.^[4]​ Para analistas de esta situación, consideran que la fragmentación entre diferentes instituciones públicas para pedir distintos tipos de permisos, provoca "nudos" en todo el procedimiento para que una solicitud para un proyecto sea finalmente aprobado para su ejecución.^[5]​ Para sus defensores, los permisos son necesarios para garantizar el funcionamiento seguro y legítimo del proyecto, apegado a la ley y a la regulación del Estado, dentro de los plazos estipulados para cada uno de ellos. Por otra parte, escépticos de la elaboración de muchos permisos como requisitos para ejecutar un proyecto de inversión, aseguran que daría espacio a actos de corrupción, mediante la emisión de sobornos a diferentes estamentos y funcionarios en el sector público. Para evitar estas situaciones, el Foro Económico Mundial ha hecho público una serie de lineamientos para detectar situaciones que afectan a la probidad entre lo público y lo privado, incluyendo los riesgos de corrupción en los procedimientos vinculados a la obtención de permisos y licencias.^[6]​ Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hizo el mismo análisis y ha publicado guías de buenas prácticas empresariales enfocadas a distintas actividades de la economía, como la minería y el comercio internacional, donde incorporan los delitos que se pueden cometer al momento del otorgamiento de un permiso.^[7]​ Asimismo, la Iniciativa de Recuperación de Activos Robados, liderada por el Banco Mundial, incorpora medidas para hacer frente a las pérdidas económicas de los países en el pago de sobornos por licencias y permisos.^[8]​

Un grupo de especialistas de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián (USS) llevó a cabo un análisis publicado en 2023, en el cual se evaluó el impacto que tuvieron los retrasos en la aprobación de permisos en el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile durante 2022 y 2023. Los resultados estiman que estos retrasos provocaron una disminución del 0,2% del PIB en 2022 y del 0,58% en 2023.^[9]​