La Toma al Palacio de Justicia fue el acto de terrorismo político más grande que ha tenido Colombia en su historia^[2]​^[3]​^[4]​, fue un asalto perpetrado en Bogotá, Colombia, el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) al Palacio de Justicia ubicado en el costado norte de la plaza de Bolívar, frente a la sede del Congreso y a una cuadra de la Casa de Nariño, la residencia presidencial. El M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia.^[5]​ Dicha incursión fue seguida de la reacción de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985.^[6]​

Los hechos culminaron 28 horas después.^[7]​ dejando un saldo de 101 muertos,^[8]​ entre ellos 11 magistrados. 11 personas más también fueron consideradas como desaparecidas al no conocerse su paradero; número que se reduciría a 6 después de que la Fiscalía General de la Nación anunció en el 2000 que el cadáver de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería que se encontraba desaparecida, fue hallado en una fosa común;^[9]​ el 17 de octubre de 2015 el Instituto de Medicina Legal anunció la identificación de los restos de Cristina del Pilar Guarín Cortés, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela.^[10]​ En 2017 se anunció que la Fiscalía General de la Nación identificó plenamente los restos del magistrado auxiliar Emiro Sandoval.^[11]​

Por las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de la Nación desde 2005 sobre los civiles desaparecidos durante la retoma del Palacio por parte del Ejército Nacional y que salieron con vida del hecho quedando en custodia de la Fuerza Pública, fueron detenidos dos coroneles y el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega.^[12]​ El coronel (r) Plazas Vega fue condenado en 2010 por la Fiscalía y liberado y declarado inocente el 16 de diciembre de 2015 por la Corte Suprema de Justicia.^[13]​^[14]​ El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado a 35 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia de Colombia en 2019.^[15]​ El coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, el mayor (r) Óscar William Vásquez, y los capitanes (r) Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Ferney Ulmardín Causayá Peña fueron condenado a 40 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá en 2021.^[16]​

La toma y retoma han sido calificadas como una masacre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).^[17]​

Irma salió viva, junto a su compañera Clara Helena Enciso, camufladas entre un grupo de rehenes que habían sido liberados. Mientras salían, un militar identificó a Irma al decir "Arresten a esa", según el testimonio de Clara. Clara, al ver el arresto de Irma, se desmayó. Irma falleció el 7 de noviembre de 1985, a causa de desaparición forzada. Según testimonios, Irma Franco fue llevada a la Casa del Florero para ser identificada. Luego conducida en una camioneta color marrón, acomodada para interrogatorios, al parecer, a la Escuela de Caballería.^[18]​ Según testigos, Irma confesó que era guerrillera y que había participado en la toma del palacio.^[19]​ En la Casa del Florero, Franco fue llevada al segundo piso donde la retuvieron hasta las 8:30 p. m. (UTC-5). Después fue llevada a las instalaciones del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), a cargo del coronel Iván Ramírez Quintero, en el barrio San Cristóbal. Franco fue torturada e interrogada dentro de una van de color café. Al final de la sesión se presume que la mataron o murió. El cuerpo de Franco fue enterrado en los polígonos del batallón Charry Solano.^[20]​ Según un testigo no identificado, los responsables de la muerte de Franco fueron un sargento de apellidos Garzón Garzón, el capitán Camilo Pulecio Tovar, el teniente Germán Medina Lobo y los sargentos Gustavo Serrato y Gustavo Arévalo, los cuales habrían sido condecorados por dichas acciones el 8 de noviembre de 1985.^[20]​ En 1995 fue condenada la Nación a pagarle 50 millones de pesos de la época a sus familiares por su desaparición.^[21]​

En los años 2000, un sargento le dijo a una periodista que miembros de la inteligencia la “torturaron, asesinaron y la fueron a sepultar a algún lugar”. El Coronel retirado Alfonso Plazas Vega aceptó que Irma Franco había sido desaparecida por miembros del Ejército Nacional.^[22]​^[23]​^[24]​ Sus familiares declararon que Caracol noticias había usado una entrevista para defender a Plazas Vega.^[25]​