Juan José Aranguren
Ministro de Energía y Minería de la Nación Argentina
10 de diciembre de 2015-16 de junio de 2018
Presidente	Mauricio Macri
Predecesor	Mariana Matranga[a]​ Jorge Omar Mayoral[b]​
Sucesor	Javier Iguacel[c]​
Presidente de Shell Argentina
2003-30 de junio de 2015
Sucesor	Teófilo Lacroze
Información personal
Nacimiento	31 de agosto de 1954 (70 años) Beccar, Argentina
Nacionalidad	Argentina
Familia
Cónyuge	Cintia Luz Peralta
Hijos	2
Educación
Educado en	Universidad de Buenos Aires
Información profesional
Ocupación	Ingeniero químico, empresario
Patrimonio	AR $104 millones[1]​[2]​
Partido político	Cambiemos
Afiliaciones	Cambiemos
Notas
↑ Como Secretaria de Energía ↑ Como Secretario de Minería ↑ Como Ministro de Energía
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Juan José Aranguren (Beccar, 31 de agosto de 1954) es un empresario e ingeniero químico argentino. Se desempeñó como presidente de la filial argentina de la petrolera Shell entre 2003 y 2015; y como ministro de Energía y Minería de la Nación entre 2015 y 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri.^[1]​^[3]​^[4]​

Nació el 31 de agosto de 1954. Estudió en el colegio Marín de San Isidro y es ingeniero químico y licenciado en sistemas por la Universidad de Buenos Aires.^[5]​

En 1977 se incorporó a Shell siendo vicepresidente de Suministros para América Latina y en 2003 fue designado en la presidencia de la filial argentina de la empresa angloholandesa.^[6]​ En esta época Shell tuvo más de 800 clausuras por violar la normativa ambiental argentina.^[7]​^[8]​

En 2005, la empresa aumentó los valores de la nafta y el gasoil entre el 2,6% y el 4,2%.^[9]​Como consecuencia, el presidente Néstor Kirchner llamó a un boicot por «aplicar aumentos abusivos», medida a la cual se sumaron diferentes organizaciones sociales.^[10]​^[11]​^[12]​Este llamado provocó que las ventas de la empresa cayeran alrededor de un 60%.^[13]​^[14]​En el mes de abril, Shell revisó sus tarifas y redujo los precios.^[15]​

En 2006 la Corte Suprema convocó al gobierno nacional, junto al de la provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para sanear el Riachuelo, y ordenó a 44 grandes empresas, entre ellas Shell, instaladas en la zona a entregar estudios de impacto ambiental. La decisión se debió a la demanda de 140 habitantes del asentamiento conocido como «Villa Inflamable», en Dock Sud, ubicado frente la refinería de Shell, donde las napas subterráneas que abastecen al conurbano están contaminadas con metales pesados, como plomo puro.^[16]​^[17]​A raíz de este dictamen, en las inspecciones realizadas en la refinería de Shell en Dock Sud se detectaron seis incumplimientos ambientales y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable ordenó su clausura. En esta se encontró que la planta extraía sin permiso 18,4 millones de litros de agua que saca por hora, incumpliendo con el Código de Agua de la provincia de Buenos Aires; no tenía las habilitaciones y pruebas periódicas de unos 700 aparatos sometidos a presión; se detectaron pérdidas y derrames de sustancias tóxicas, especialmente de hidrocarburos; y había una deficiente gestión de residuos especiales y peligrosos.^[18]​^[19]​^[20]​

Entre 2006 y 2007 Shell fue sancionada con cincuenta multas por «insuficiente provisión de gasoil al mercado». En 2007. Asimismo, la Secretaría de Comercio Interior denunció a la empresa y a su presidente, Aranguren, en particular por «desabastecimiento».^[21]​En 2011, un juez dictó la falta de mérito y sostuvo que «sostuvo que "no se configuró el delito de desabastecimiento, porque no hubo una importante faltante de naftas"».^[22]​^[23]​

En junio de 2015, anunció su renuncia como presidente de Shell para sumarse a Cambiemos como asesor en Energía y finalmente fue designado como ministro de Energía.^[24]​

En 2018, se filtró que era director de al menos dos empresas radicadas en una jurisdicción secreta, Shell Western Supply and Trading Limited, en Barbados, y Sol Antilles y Guianas Limited. La primera sociedad offshore fue beneficiada por el ministerio de energía en 2016 con compras de cargamentos de gasoil por CAMESSA mientras Aranguren dirigía dicho ministerio.^[25]​

Durante los primeros meses de su gestión impulsó un fuerte aumento en los precios de los combustibles, naftas y GNC, convirtiendo a la Argentina en el segundo país con las naftas más caras de Latinoamérica después de Uruguay,^[26]​lo que provocó, entre otras consecuencias, que miles de argentinos hicieron filas de más de 10 km en zonas fronterizas a Paraguay y Brasil para comprar nafta más barata.^[27]​^[28]​^[29]​Paralelamente, Argentina pasó a estar segunda en el ranking de países de la región con naftas más caras; en dos años y medio de gestión, la capacidad de compra de naftas se desplomó tanto para salarios mínimos, como para sueldos medios y jubilados; mientras que la producción de petróleo pese a los tarifazos se desplomo de 2.575.000 millones de m³ de petróleo anuales a 2.476.000 en 2016 y 2.318.000 en 2017, segundo año de gestión de Aranguren.^[30]​^[31]​

El 14 de julio de 2016 se produjo un aumento en las tarifa del gas, combustibles y energía eléctrica con aumentos tarifarios del 3000 al 4500 por ciento.^[32]​ ^[33]​ Entre diciembre de 2015 y 2019, durante el mandato de Mauricio Macri las tarifas de electricidad en Argentina subieron alrededor del 5.000%.^[34]​^[35]​^[36]​ En paralelo al tarifazo entre 2016 y 2019, durante gobierno de Mauricio Macri, se firmaron contratos de generación de energía en dólares que fueron la causa de los tarifazos. Varios fueron con empresas con vínculos con el macrismo como Central Puerto de la familia Caputo, la otra Pampa Energía de Marcelo Midlin testaferro del presidente que se constituyeron como las más grandes empresas del sector energético a través de estructuras locales que tienen terminales en off shore en otros países. El 70% de la electricidad de Argentina es producto de contratos que se firmaron entre 2016 y 2019. Las tasas de rentabilidad para fichas empresas privadas ligadas al gobierno que se firmaron durante el macrismo son del 85% y 95%, casi una ganancia 100% en dólares anual perjudicando a los consumidores.^[37]​Investigadores, organizaciones de consumidores, diversos especialistas, el Entre Regulador y los gobiernos de los territorios en los que actúan, han cuestionado a las empresas eléctricas privatizadas por destinar a la inversión fondos insuficientes para alcanzar los estándares comprometidos en las concesiones.^[38]​

Pese al aumento de tarifas de hasta 5000 por ciento en el período 2016-2019, las inversiones eléctricas disminuyeron con respecto al año 2015, pese a que las cuatro empresas eléctricas más importantes del país (Edesur, Edenor, Edelap y Edea) aumentaron sus tarifas y sus ganancias fueron récord.^[39]​^[40]​ Parte de los subsidios fue recortada, en 2020 se iniciaron causas penales por el desvío de fondos públicos por parte del empresario y ministro Nicolás Caputo que habría desviado 2700 millones de pesos a la compra de la Central Costanera.^[40]​

Un mes después de su asunción el Mauricio Macri transfirió acciones de la principal transportadora eléctrica a una empresa de su propia familia de la transportadora de la energía que produce Yacyretá. Yacylec conecta la represa Yacyretá con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) donde se originó la falla que llevo al colapso total energético en el país, extendiéndose a países vecinos.^[41]​Yacilec había sido noticia hace pocos meses antes porque sus dueños Sideco Americana, del Grupo Macri se negaban a pagar impuestos que adeudan desde hace 14 años.^[42]​En 2019 fue imputado penalmente junto al expresidente Mauricio Macri, y Javier Iguacel por venta de centrales públicas de energía durante su gobierno y de las usinas de Ensenada de Barragán y Brigadier López a precio vil con el objetivo de favorecer a empresas energéticas de la familia Macri. La investigación sobre los funcionarios surgió a raíz de la maniobra para intentar privatizar vía decreto centrales estatales. La central Ensenada de Barragán, se intento privatizar a la empresa Central Puerto, empresa propiedad Nicky Caputo amigo del presidente Macri y financista de la campaña. En Brigadier López, preclasificó solamente Central Puerto. Caputo era íntimo amigo de Macri y fueron socios de varios negociados. La central de Ensenada de Barragán fue tasada por el Estado en 305,9 millones de dólares y privatizada por 229 millones de dólares, Brigadier López fue valuada en 207 millones de dólares y privatizada por 155 millones de dólares y vendida a Socma.^[43]​ junio de 2016 se sumó una nueva denuncia contra Aranguren en los tribunales federales de Comodoro Py, por comisión del delito de desobediencia a la justicia. Según la denuncia, incurrió en el delito de "resistencia y desobediencia a funcionario público".^[44]​^[45]​

En enero de 2016 anunció fuertes aumentos en las tarifas de electricidad y gas, los cargos fijos de la boleta tendrán subas de hasta 378%, los cargos variables con subas de entre 143% y 900%^[46]​ y hasta de 950%.^[47]​ En cuanto al gas en el interior del país el aumento de tarifas llegó a más del 2000%^[48]​ y 1600% en caso de consumos industriales.^[49]​ Esta medida fue calificada como injusta y en contra del mercado y «excusa demagógica» por Alejandro Tagliavini, miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity.^[50]​^[51]​^[52]​ En octubre de 2015, durante la campaña presidencial de Macri, Aranguen había prometido que los hogares pobres no pagarían por la electricidad.^[53]​

A pesar de esgrimir como argumento que los fuertes aumentos tarifarios mejorarían el servicio, el promedio de cortes de energía entre Edenor y Edesur aumentó en 2018 un 59%, respecto de los cortes al inicio de la gestión en diciembre de 2015.^[54]​A su vez, las inversiones de las cuatro principales empresas eléctricas cayeron fuertemente respectos a las realizadas durante el kirchnerismo. Mientras la inversión realizada en conjunto por las cuatro empresas en 2015 fue de 598 millones de dólares, en 2017 la inversión total cayó a 489 millones y continuó en descenso en 2018.^[55]​

Durante su paso por el ministerio la producción de petróleo cerró el año 2017 cayendo un 6,3%, la mayor caída desde 1999 y los niveles más bajos de producción desde 1992. Respecto de 2015, una retracción acumulada del 10%. Todas las provincias productoras extrajeron en 2017 menos petróleo que en 2015. Por ejemplo, la más importante de ellas, Chubut, se desplomó un -12%. La producción de gas cerró el año 2016 con un crecimiento de 4,9% y en 2017 cayó un 1%. Por su parte, las importaciones de petróleo de 2016 y 2017 (sumadas) son un 44% superiores a las de 2008 y 2015.^[56]​Disminuyó el subsidio a las tarifas de electricidad, pasando de representar en 2015 un 86% del mercado mayorista a un 46% en 2018, y pasando de que el gasto en subsidios no reflejados en la tarifa en el período 2011-2015 sea de 37 mil millones de dólares a que sea 21 mil millones de dólares en el período 2015-2019.^[57]​^[58]​

Finalmente, dejó su cargo el día 16 de junio de 2018 tras un cambio de gabinete, sucediéndolo en el puesto Javier Iguacel.^[59]​Tras su salida criticaría varios aspectos de las políticas energéticas del macrismo, considerando las erráticas.^[60]​^[61]​

En julio de 2021 el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a Juan José Aranguren y a otros cinco funcionarios del Enargas por dolarizar las tarifas de gas lo cual provocó un perjuicio al Estado y los usuarios de 561 millones de dólares.^[62]​^[63]​^[64]​^[8]​^[65]​ Finalmente, en 2024, la justicia archivó la causa por considerar que no existían elementos de convicción suficientes.^[66]​

Como ministro de Energía fue cuestionado al conocerse que una empresa controlada por esa cartera otorgó siete licitaciones de un total de ocho a la empresa Shell, de la cual fue CEO y aún continúa siendo accionista por más de 14 millones de pesos.^[67]​

Fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción donde se solicitó que se "abra una investigación acerca de la declaración jurada" que presentó el ministro de Energía y Minería, y "la incompatibilidad para ejercer el cargo" ya que Aranguren tenía acciones en Shell al mismo tiempo que ejercía como Ministro, lo que implicaría incompatibilidad para ejercer el cargo según los términos de los artículos 13 y 15 de la Ley 25188.^[68]​ Fue acusado de "aprovecharse del cargo" para tomar medidas que "beneficien a la empresa de la que es accionista, como asimismo, obtener información secreta y confidencial de su competidora YPF". Un legislador denunció la vulneración de la ley de ética en cuanto a la prohibición de ejercer las funciones cuando existe una relación familiar con empresas que debe regular.^[69]​ Días después impulso una licitación que tuvo como ganadora a Shell, empresa de la que es socio, levantando fuertes sospechas en diversos medios.^[70]​ Aranguren consideró que no habría existido ningún conflicto de interés, pero aun así vendió sus acciones de Shell,^[71]​ a pedido de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.^[72]​ Sin embargo, tal como recordaría al año siguiente la diputada Graciela Camaño, para estos casos la ley prohíbe ser proveedor o funcionario de una empresa proveedora del Estado en los tres años previos y hasta tres años después del ejercicio de su función pública.^[73]​

Como ministro firmó acuerdos para importar gas de Chile por 5,5 millones de metros cúbicos diarios de gas a Argentina, gas que a su vez Chile importa del Sudeste Asiático.^[74]​Aranguren convalidó un contrato por compra de gas a Chile con un precio que resulta un 53 por ciento más caro que el gas natural licuado que llega por barcos y un 128 por ciento más elevado que lo abonado por las importaciones provenientes de Bolivia.^[75]​ Aranguren explicó su motivo para realizar esa compra, diciendo que Bolivia no tenía más gas para exportar.^[76]​. Por este motivo, fue imputado al haber realizado compras directas desde el Estado con pagos de más de un 50% de sobreprecio y por haber beneficiado a la petrolera Shell.^[77]​ También le adjudicó a la petrolera Shell siete de las ocho licitaciones que se pusieron en juego para la importación de gasoil por barcos al país.^[75]​

La causa judicial llevo a la imputación de la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso por encubrimiento. En 2019 el juez federal de la causa trabo embargos por 1.200.000 de pesos a Aranguren y 1.000.000 de pesos a Alonso.^[78]​En 2020, la justicia revocó el procesamiento de Aranguren y Alonso.^[79]​

Aranguren fue imputado en 2014, por llevar adelante negociaciones fingidas tendientes a depreciar la moneda nacional. El 23 de enero de 2014, Aranguren, en calidad de director operativo de Shell, compró 4,5 millones dólares en el mercado oficial de cambios, pagando por la operación un precio muy superior al vigente, lo que ocasionó un grave pánico y una corrida bancaria, que se tradujo en una inmediata devaluación del casi 20% en perjuicio del peso. Aranguren fue imputado penalmente por el delito de negociaciones fingidas tendientes a devaluar la moneda nacional, sin embargo no logró probarse que actuó en connivencia con la dirección de otros bancos, y finalmente, en 2016 fue sobreseído por la justicia.^[80]​^[81]​

En junio de 2016 sumó una denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py, por comisión del delito de desobediencia a la justicia. Según la denuncia, incurrió en el delito de "resistencia y desobediencia a funcionario público".^[44]​^[82]​

En 2019 fue imputado penalmente junto al expresidente Mauricio Macri, y Javier Iguacel por venta de centrales públicas de energía y de las usinas de Ensenada de Barragán y Brigadier López a precio vil.La investigación sobre los funcionarios surgió a raíz de la maniobra paraintentar privatizar vía decreto centrales estatales. La central Ensenada de Barragán, se intento privatizar a la empresa Central Puerto, empresa propiedad Nicky Caputo amigo del presidente Macri y financista de la campaña. En Brigadier López, preclasificó solamente Central Puerto. Caputo es íntimo amigo de Macri y fueron socios de varios negociados. La central de Ensenada de Barragán fue tasada por el Estado en 305,9 millones de dólares y privatizada por 229 millones de dólares, Brigadier López fue valuada en 207 millones de dólares y privatizada por 155 millones de dólares.^[83]​

por el ministerio este buscó el beneficio a empresarios allegados al presidente y al grupo Cambiemos, siendo una de las principales beneficiadas Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, empresario cercano a Mauricio Macri pasó de estar en el puesto 103 en el ranking de las empresas que más facturaran en Argentina, en el 2015, al puesto 10 según la revista Forbes, en octubre de 2017. Mindlin también es dueño de Iecsa, una de las empresas que formó parte del grupo Macri, y de Petrobras Argentina. En 2016, el 51% de las acciones de YPF que pertenece al Estado le prestó a Pampa Energía unos 140 millones de dólares para financiar la compra de la filial local de la petrolera brasileña.^[84]​En 2020 tanto el Presidente Mauricio Macri y sus dos exministros de Energía y varios funcionarios de Cambiemos fueron imputados por la Justicia federal por el intento de privatizar dos centrales termoeléctricas, cuyas obras fueron otorgadas Nicolás Caputo señalado como testaferro y financista de Macri. En 2018 el Gobierno macrista licitó las centrales por menos del valor de mercado y por la mitad de la valuación fiscal que la Auditoria General de la Nación fijó en 2012 y debajo doble que la ganancia obtenida por cada central en un solo año. En el medio, Iecsa del grupo familiar Macri recibió una indemnización de 1600 millones de pesos por la ruptura del convenio para continuar la construcción que había licitado el mismo gobierno de Macri.^[85]​

• : Premio Alberdi (Fundación Federalismo y Libertad; 2013).^[86]​^[87]​
• : Diploma al Mérito (Fundación Konex; 2008).^[87]​

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